Solo el 2% de los distritos aprobó plan de seguridad para el 2012

El secretario técnico del Conasec, Eduardo Pérez Rocha, afirmó que esta lamentable situación se debe a la falta de presupuesto asignado a los municipios en este sector

Solo el 2% de los distritos aprobó plan de seguridad para el 2012

Pese al compromiso de las autoridades por luchar en contra de la delincuencia, este miércoles el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) reveló que el 98% de los distritos del país no ha cumplido con aprobar su plan local para prevenir los actos criminales, cuyo plazo venció el domingo 1 de enero.

El secretario técnico del Conasec, Eduardo Pérez Rocha, afirmó que esta lamentable situación se debe a la falta de presupuesto asignado a los municipios en este sector.

Pérez Rocha criticó que habiendo localidades que reciben recursos importante, algunos provenientes del canon minero, no consideren una partida presupuestal específica para la preparación, aprobación implementación y seguimiento de los planes de seguridad.

“Si bien muchos municipios destinan importantes partidas a la compra de equipos, vehículos y contratación de más serenos y policías, dejan de lado su obligación de planificar la seguridad ciudadana, algo que va más allá de lo material y que implica una visión integral”, sostuvo.

LA SITUACIÓN EN LIMA Y CALLAO
En diálogo con la agencia Andina, el secretario técnico del Conasec detalló que en Lima el único distrito que desarrolló y aprobó su plan de seguridad para este año fue Miraflores mientras que en el primer puerto ninguna jurisdicción lo hizo.

Y en provincias, ocurre que en Puno, de los más de 100 comités de seguridad ciudadana existentes, solo dos han aprobado su plan, agregó.

AUTORIDADES PUEDEN SER DENUNCIADAS
Pérez Rocha recordó que según dicha norma y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Local 2012, el incumplimiento en la aprobación y ejecución de los planes de seguridad ciudadana en los ámbitos local, provincial y regional da lugar a una denuncia penal a los alcaldes y presidentes regionales por parte de los ciudadanos ante la fiscalía.

“La denuncia es por delito de omisión de actos funciones, según el artículo 377 del Código Penal, que se sanciona con una pena no mayor de dos años de cárcel”, anotó.