Fiscal pide procesar a dueños de Taringa por permitir descargas ilegales

Los hermanos Matías y Hernán Botbol y Alberto Nakayama podrían ser sentenciados a seis años de prisión

Fiscal pide procesar a dueños de Taringa por permitir descargas ilegales

La fiscal argentina que investiga la infracción a la ley de propiedad intelectual presuntamente cometida por Taringa, solicitó procesar judicialmente a los dueños y administradores del sitio web para compartir enlaces, los hermanos Matías y Hernán Botbol y Alberto Nakayama.

Los responsables de Taringa están acusados de permitir la descarga ilegal de obras sin autorización de sus autores. El delito es castigado con una pena de hasta 6 años de prisión.

De acuerdo con medios argentinos, la fiscal de instrucción Felisa Krasucki pidió al juez Eduardo Daffis Niklison el envío a juicio oral y público de los tres acusados, al considerar concluida la investigación sobre dos de las tres causas en las que los dueños de Taringa están imputados.

“Los titulares del sitio están procesados por la descarga ilegal de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación, mientras se sustancia una tercera causa por archivos de música”, informó Telefe.

Taringa, uno de los sitios web más famosos de Argentina, permite a los usuarios compartir gratuitamente archivos de música, videos, programas de computación y toda clase de obras.

El artículo 72 de la ley de propiedad intelectual de Argentina, castiga con un mes a seis años de prisión a quien “edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes”.

TARINGA SE PRONUNCIA
Y aunque en Argentina ya dan por hecho que los hermanos Botbol y Nakayama irán a juicio (“el primero en el país en el que se debatirá la responsabilidad de páginas de Internet que permiten descargas gratuitas”), Taringa se pronunció con cautela sobre el este tema.

“Se trata de los mismos proceso judiciales que ya fueron informados durante el año pasado”, indicó el sitio web en un comunicado. “Aún la Cámara Nacional de Casación Penal no ha definido si el hecho investigado constituye delito alguno”, añadió.

La solicitud hecha por la fiscal Krasucki “se encuadra dentro del marco judicial natural y normal de cualquier proceso legal”. “Esto no significa que se determinó un juicio oral, ya como se dijo anteriormente la decisión está pendiente en la Cámara Nacional de Casación Penal”, concluyó.