Line se negó a entregar conversaciones de usuarios a la Policía tailandesa

Las autoridades quieren acceder a datos de sospechosos de comercio de armas, tráfico de drogas o insultos contra la monarquía

Line se negó a entregar conversaciones de usuarios a la Policía tailandesa

La operadora del popular servicio de chat Line ha negado a la Policía de Tailandia el acceso a los registros de conversaciones de sus usuarios, como le pedía para perseguir a delincuentes e infractores de la ley de “lesa majestad”, informan hoy los medios locales.

El director del departamento tailandés para la Supresión de Delitos Tecnológicos (TCSD), Pisit Pao-in, aseguró que la operadora “no quiere cooperar”. “Ellos han conseguido mucho de Tailandia pero se niegan a cooperar. No les dejaremos escapar si cometen una infracción”, dijo Pisit al diario ‘The Nation’.

El TCSD quiere tener acceso a los usuarios de Line sospechosos de estar involucrados en delitos como el comercio de armas, prostitución, tráfico de drogas o insultos contra la Monarquía de Tailandia.

Varios expertos tailandeses viajarán a Japón y Corea del Sur, donde se encuentran los servidores de Line, que es propiedad del buscador surcoreano Naver, para hablar con los operadores.

Line, que tiene 10 millones de usuario en Tailandia, es usado en el país tanto en los teléfonos móviles como en las computadoras o portátiles.

“Hoy en día la gente usa los teléfonos inteligentes como un ordenador portátil. Lo usan para grabar vídeos, enviar información, transferencias de dinero y conectarse a las redes sociales. Por lo tanto, tenemos que investigar la información que se envía a través de los teléfonos inteligentes también”, declaró Pisit.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos local ha criticado la intención de la Policía porque puede conllevar la vulneración de derechos y libertades fundamentales.

Cientos de tailandeses y algún extranjero han sido formalmente acusados de cometer el delito de “lesa majestad” en Tailandia en los últimos años, cuando en la década de 1990 apenas se denunció uno decena de casos, según el Grupo de Concienciación del Artículo 112, organización que hace campaña contra el uso de esta ley.

La ley de “lesa majestad” contempla penas de hasta 15 años de cárcel para las personas declaradas culpables de infringirla.


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